En su última visita oficial a Sinaloa como presidente, prevista para el 27 de septiembre de 2024, Andrés Manuel López Obrador llegará en medio de una preocupante ola de violencia en el estado.
Aunque su gira tiene como objetivo inaugurar los canales de riego de la presa Santa María, uno de los proyectos clave para la infraestructura agrícola de la región, el contexto de su visita está marcado por la inestabilidad.
En las semanas previas, al menos 43 personas han perdido la vida debido a enfrentamientos entre grupos criminales, una situación que el presidente ha atribuido a acuerdos entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ciertos líderes del crimen organizado en México.
A pesar de la gravedad de estos hechos, el presidente ha minimizado la situación en varias ocasiones.
Ha defendido su enfoque, afirmando que la estrategia de su gobierno no debe enfocarse en una confrontación directa con los cárteles, ya que eso, según él, podría desencadenar más violencia.
En su lugar, ha reiterado que las acciones del gobierno se concentran en proteger a la población.
No obstante, la inseguridad en Sinaloa sigue siendo motivo de gran preocupación para los ciudadanos.
El gobernador Rubén Rocha Moya ha asegurado que las fuerzas de seguridad no han sido rebasadas y que los operativos continúan, pero el temor y la incertidumbre persisten en muchas comunidades.
En este contexto, la última visita de López Obrador a Sinaloa plantea una reflexión inevitable: ¿ha sido suficiente su estrategia de “abrazos, no balazos” para frenar la violencia en el estado?
¿O deja un legado de inseguridad que será difícil de revertir? ¿Qué tanto pueden cambiar las cosas con el nuevo gobierno?