La ola de violencia que comenzó hace más de 90 días en Sinaloa, derivada del enfrentamiento entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, sigue desbordando a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Desde el inicio de este conflicto en septiembre, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio, la entidad ha registrado 469 homicidios relacionados directamente con el crimen organizado.

Aunque los esfuerzos se han centrado en operativos de alto impacto y un despliegue masivo de fuerzas federales, los resultados distan mucho de garantizar tranquilidad a la población.

En Mazatlán, la situación no es distinta.

A pesar de la presencia de la Secretaría de Marina y el reforzamiento de seguridad en carreteras, el puerto ha sido escenario de ejecuciones y desapariciones forzadas.

En este contexto, la alcaldesa Estrella Palacios enfrenta crecientes críticas, tanto por el manejo de la seguridad como por la evasión de cuestionamientos sobre estos hechos.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, admite que las estrategias implementadas no ofrecerán resultados inmediatos y que el combate al crimen organizado es un “trabajo constante”

Sin embargo, la población de Sinaloa, incluida la de Mazatlán, vive una “nueva normalidad” marcada por el miedo y la implementación de medidas de autoprotección ante la percepción de un vacío de autoridad.

El saldo de este periodo refleja más que una crisis de seguridad; es una evidencia de las fallas estructurales en la coordinación de las autoridades para proteger a la ciudadanía.

¿Qué tan sostenible es una estrategia que no logra responder a las necesidades inmediatas de seguridad y que sigue dejando a la población atrapada en el fuego cruzado?