La detención fallida de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, en la Ciudad de México, ha desatado una controversia política significativa.
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, que buscaba arrestar a Corral por cargos de peculado y enriquecimiento ilícito, intentó detenerlo en un restaurante de la colonia Roma.
Sin embargo, el fiscal general de la Ciudad de México, Ulises Lara, intervino directamente, impidiendo la captura y escoltando a Corral fuera del lugar en su propia camioneta.
Este evento ha generado preguntas sobre la coordinación entre las autoridades estatales y la capitalina, especialmente cuando se trata de figuras políticas de alto perfil.
Corral quien recientemente ha sido un aliado visible de Morena y la campaña de Claudia Sheinbaum.
La intervención del fiscal de la Ciudad de México no solo frenó la detención, sino que también subraya las tensiones entre diferentes niveles de gobierno y el uso de la justicia con fines políticos.
¿Estamos ante un nuevo capítulo de politización de la justicia en México, o es este un caso aislado de proteccionismo político?
¿Qué implicaciones tendrá este enfrentamiento en el panorama electoral y en la percepción pública de la imparcialidad de las instituciones judiciales?
