La crisis financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa ya dejó de ser una sorpresa y se ha convertido, más bien, en una peligrosa costumbre. Hace apenas unos días se informó que la UAS mantiene una deuda de 612 millones de pesos con el Gobierno del Estado. Hoy, a esa cifra se le suman 90 millones de pesos más, que el propio gobierno estatal tuvo que prestarle nuevamente a la universidad para que pudiera cubrir la primera quincena de enero de 2026.

La suma es clara y contundente: 612 millones + 90 millones = 702 millones de pesos.

Ese es, hasta ahora, el monto que la Universidad Autónoma de Sinaloa ya le debe al pueblo de Sinaloa a través del Gobierno del Estado.

Y mientras la deuda crece, la imagen que proyecta la rectoría es la de una institución que ha normalizado el déficit, como si fuera parte de su modelo financiero. El rector Jesús Madueña aparece cómodo, sin urgencia, simplemente estirando la mano, tratando al gobierno estatal como una caja chica permanente, lista para rescatar a la universidad cada vez que no alcanza para pagar nómina.

Lo más grave no es únicamente el préstamo en sí, sino la ausencia total de una autocrítica institucional. No se observa un plan serio de reingeniería financiera, ni auditorías profundas que expliquen por qué el dinero nunca alcanza. No se ve una intención real de cerrar las fugas internas que por años han drenado los recursos de la UAS:

salarios desproporcionados, sobresueldos injustificados, aviadores, estructuras administrativas infladas y una élite universitaria que vive muy lejos de la austeridad que se exige al resto del estado.

Mientras docentes, trabajadores y estudiantes viven con la incertidumbre quincena tras quincena, los privilegios parecen intocables. La universidad pide solidaridad, pero no demuestra disciplina; exige apoyo, pero no rinde cuentas claras; habla de autonomía, pero depende cada vez más del rescate gubernamental.

El Gobierno del Estado, hay que decirlo, ha actuado con responsabilidad social al evitar un colapso inmediato que afectaría a miles de familias. Pero rescatar no puede ser sinónimo de solapar. Cada préstamo sin condiciones claras solo prolonga el problema y manda un mensaje peligroso: que en la UAS no pasa nada, que siempre habrá alguien que pague la factura.

La pregunta ya no es si habrá otro préstamo, sino cuándo y por cuánto. Y mientras no exista voluntad real desde la rectoría para ordenar la casa, recortar privilegios y transparentar el uso de los recursos, la crisis financiera de la UAS seguirá siendo el cuento de nunca acabar, uno que se escribe con dinero público y se paga con paciencia ciudadana.