En los últimos días, Culiacán, Sinaloa, ha sido escenario de intensas manifestaciones ciudadanas que reflejan un profundo descontento social. La chispa que encendió estas protestas fue el trágico asesinato de Antonio Sarmiento Ruiz y sus hijos, Gael y Alexander, de 9 y 12 años respectivamente, durante un intento de robo de vehículo. Este hecho, ocurrido en medio de una ola de violencia que azota la región desde septiembre, ha llevado a miles de ciudadanos a las calles para exigir justicia y seguridad.  

Las marchas, que han reunido a adultos y niños vestidos de blanco portando pancartas con mensajes como “¡Queremos vivir sin miedo!” y “¡Fuera Rocha!”, han señalado directamente al gobernador Rubén Rocha Moya, acusándolo de inacción ante la creciente inseguridad. La indignación se ha visto exacerbada por declaraciones previas del mandatario, quien afirmó que en Sinaloa se vive “perfectamente bien”, minimizando así la gravedad de la situación.  

En respuesta a estas manifestaciones, figuras destacadas del partido Morena han propuesto organizar una marcha en apoyo al gobernador Rocha Moya. Carlos Rea, miembro del partido, instó al Comité Estatal de Morena a movilizarse para defender al gobernador, sugiriendo que las protestas en su contra podrían estar influenciadas por la oposición.  

Esta reacción ha generado críticas, ya que se percibe como un intento de deslegitimar las demandas ciudadanas y desviar la atención de los problemas de seguridad que enfrenta el estado. El gobernador Rocha Moya, por su parte, ha declarado que no descalificará ni saboteará ninguna marcha, afirmando que respeta el derecho de los ciudadanos a manifestarse.  

La presidenta Claudia Sheinbaum también se ha pronunciado al respecto, expresando su solidaridad con las familias afectadas y anunciando que el Gobierno federal investigará los asesinatos. Sin embargo, evitó comentar directamente sobre las protestas que exigen la renuncia del gobernador.  

Es crucial que las autoridades escuchen y atiendan las legítimas preocupaciones de la ciudadanía, en lugar de desviar la atención con movilizaciones partidistas. La seguridad y el bienestar de la población deben ser la prioridad, y cualquier intento de politizar la situación solo profundizará la desconfianza y el descontento social.