En Sinaloa, la búsqueda de personas desaparecidas se enfrenta a un obstáculo mayor: el desorden administrativo en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

Esta situación, que afecta gravemente a las víctimas y a sus familias, ha sido documentada ampliamente, revelando una preocupante realidad.

Desde su creación en 2019, la Fiscalía ha mostrado una significativa ineficiencia en el manejo de expedientes. Con apenas 22 agentes del Ministerio Público, cada uno de ellos debe lidiar con un promedio de 343 carpetas de investigación.

Esta carga de trabajo es abrumadora, considerando que, desde 2014, se han acumulado 7,546 denuncias de desaparición forzada en el estado  .

El caos administrativo se agrava con el hecho de que las pruebas y evidencias se mezclan entre diferentes expedientes, lo que complica aún más la resolución de los casos. Este desorden no solo obstaculiza las investigaciones, sino que también genera un grave riesgo de impunidad.

Según datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el porcentaje de resolución de estos casos es alarmantemente bajo, con solo una de cada 100 denuncias resultando en una sentencia  .

La falta de personal especializado y la sobrecarga de trabajo han convertido a la Fiscalía en un símbolo de la ineficacia estatal para enfrentar la crisis de desapariciones en Sinaloa.

Esta situación no solo representa una violación de los derechos humanos de las víctimas, sino que también profundiza el dolor y la incertidumbre de sus familiares.

Frente a este panorama desolador, surge una pregunta inevitable:

¿Qué medidas concretas se tomarán para garantizar una gestión efectiva y justa de los casos de desaparición forzada en Sinaloa?