La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto bajo la lupa a los servidores públicos de la Fiscalía de Sinaloa que estuvieron involucrados en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y fundador del Partido Sinaloense (PAS).

La reciente decisión de citar a todos los involucrados, incluyendo a la recién nombrada fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, refleja la creciente preocupación por las irregularidades detectadas en la investigación inicial, la cual ha sido objeto de críticas por la forma en que se manejó el caso.

El asesinato de Cuén Ojeda ocurrió en un contexto de alta tensión política en Sinaloa, donde su partido ha estado en constante disputa con el gobierno estatal y el Congreso local sobre la autonomía de la UAS.

Según la FGR, la respuesta inicial de las autoridades sinaloenses estuvo plagada de fallos, como la indebida preservación del cuerpo y una cremación que contraviene las prácticas criminalísticas establecidas para los casos de homicidio

La presión sobre la fiscal anterior, Sara Bruna Quiñónez, quien recientemente renunció, se ha intensificado a medida que se revelan más detalles sobre posibles encubrimientos y manejos inadecuados.

La FGR, al asumir el control de la investigación, busca esclarecer no solo las circunstancias exactas del asesinato, sino también las acciones y omisiones de las autoridades locales que podrían haber comprometido la justicia en este caso 

Ante este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿Podrá la FGR desentrañar la compleja red de intereses y responsabilidades en torno al asesinato de Cuén Ojeda, o prevalecerán las sombras que hasta ahora han oscurecido la verdad?