En los últimos tres días, Culiacán ha enfrentado una ola de violencia preocupante que deja un saldo alarmante: nueve homicidios, 14 desapariciones y al menos ocho heridos por arma de fuego.
A esto se suman 16 robos de vehículos, lo que ha generado un ambiente de temor e incertidumbre entre los habitantes de la región.
La situación, que afecta no solo a la capital sino también a municipios cercanos como El dorado y sindicaturas como Costa Rica, es atribuida a la creciente confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente entre “Los Chapitos” y el grupo de “El Mayo” Zambada, quienes disputan el control de territorio.
Este escenario violento, que ha paralizado algunas actividades en la ciudad, pone de manifiesto la falta de acción contundente por parte de las autoridades estatales y federales.
A pesar de que el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que estos ataques son producto de enfrentamientos entre grupos criminales, su respuesta ha sido, hasta ahora, insuficiente.
En su declaración, admitió que podrían continuar los eventos de violencia, sugiriendo una falta de control sobre la situación.
A la par, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha tratado de ofrecer balances preliminares, indicando que se han iniciado múltiples investigaciones, pero la realidad es que la violencia persiste.
Las víctimas de estos enfrentamientos no son solo los involucrados en actividades ilícitas, sino también ciudadanos que han quedado atrapados en medio de los tiroteos o han sido víctimas de secuestros.
Es evidente que la respuesta de las fuerzas del orden no ha sido lo suficientemente rápida ni eficaz para proteger a la población civil.
Mientras tanto, el miedo y la desesperanza crecen, con el temor constante de que la violencia siga escalando en los próximos días.
¿Es esta la nueva normalidad en Sinaloa, donde el control territorial de los cárteles tiene más peso que las estrategias de seguridad del gobierno? ¿Qué medidas concretas tomará el gobierno para restaurar la paz en Culiacán y sus alrededores?