En el Congreso de Sinaloa, se han aprobado las cuentas públicas correspondientes a varios organismos estatales y municipales para el ejercicio fiscal de 2023. Este proceso, impulsado en gran medida por la Comisión de Fiscalización, incluyó la revisión de los tres poderes del estado, así como de organismos autónomos y paraestatales. Sin embargo, la votación ha generado fricciones políticas, especialmente entre Morena y el PRI, que mantiene una postura crítica hacia ciertas irregularidades detectadas en la fiscalización.
El PRI, liderado por figuras como Paola Iveth Gárate, ha cuestionado el papel de Morena y aliados en la aprobación sin mayores objeciones de estos informes. Aunque algunos partidos, como Movimiento Ciudadano, también mostraron reservas votando en contra de ciertas cuentas, el PRI señala que la falta de transparencia y fiscalización seria podría derivar en un manejo discrecional de los recursos públicos. A su vez, diputados de oposición acusan a la legisladora Roxana Rubio, del PAN, de alinearse con Morena, lo que debilita el frente opositor en el estado .
Este conflicto resalta la dificultad de mantener una oposición efectiva frente a la mayoría de Morena en el Congreso de Sinaloa, y cuestiona si es posible una fiscalización imparcial en un contexto donde las alianzas entre partidos diluyen la rendición de cuentas. ¿Será el Congreso de Sinaloa capaz de asegurar una revisión justa y sin influencias políticas?