Este 19 de septiembre, los diputados locales de Sinaloa avanzaron en la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), pese a las múltiples protestas y críticas que señalan que este proceso violaría la autonomía universitaria.

La propuesta de ley busca modificar aspectos como la elección del rector y la integración del Consejo Universitario, introduciendo elementos como la paridad de género y la creación de un Tribunal Universitario. Sin embargo, el Congreso estatal ha sido acusado de desacatar resoluciones judiciales que suspenden la aplicación de la ley.

Las autoridades universitarias y gran parte de la comunidad educativa han denunciado que esta reforma es un intento de intervención política que va en contra de la autonomía de la UAS, la cual está protegida por la Constitución.

Incluso se han interpuesto recursos legales por desacato, y las manifestaciones han sido constantes en los últimos días, exigiendo que los legisladores respeten la ley vigente y el derecho de la universidad a autogobernarse.

En medio de este panorama, surge la pregunta: ¿Deberían los legisladores seguir adelante con una reforma que genera tanta oposición, o es momento de abrir un verdadero diálogo con la comunidad universitaria?