La confirmación del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en una finca a las afueras de Culiacán, donde también se habría llevado a cabo el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, ha sacudido a Sinaloa y al país entero.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha revelado que en el lugar se encontraron restos de sangre de Cuen Ojeda, descartando la versión que circuló sobre un supuesto robo en una gasolinera y el video que se presentó públicamente como prueba de este delito. Este cambio en la narrativa confirma que, desde el principio, hubo quienes buscaron encubrir los hechos con una versión fabricada.

Lo más grave es que la FGR también ha señalado que existen implicaciones penales y administrativas para algunos trabajadores de la Fiscalía General de Sinaloa. La dependencia nacional apuntó que estos trabajadores podrían haber participado en la manipulación de la investigación o en la ocultación de pruebas clave.

Esta revelación pone en entredicho no solo la actuación de la fiscalía estatal, sino la transparencia de las instituciones que deberían estar protegiendo a la sociedad sinaloense.

El asesinato de Cuen Ojeda no solo es un golpe para su familia y sus allegados, sino que también revive los cuestionamientos sobre el estado de derecho en Sinaloa.

La infiltración del crimen organizado en las instituciones locales, que ha sido tema recurrente en la opinión pública, ahora se vuelve una realidad confirmada con las acciones de funcionarios que, al parecer, decidieron actuar fuera del marco legal.

En los próximos días, se esperan aprehensiones y nuevos detalles que revelen la magnitud del encubrimiento.

La justicia parece estar más cerca para Cuen Ojeda, pero la duda persiste: ¿Hasta qué nivel de la fiscalía estatal llegará esta investigación y qué más intentaron ocultar las autoridades de Sinaloa en este caso?

¿Se atreverá la justicia a ir hasta el fondo, o una vez más quedaremos con verdades a medias?