El reciente llamado de la Fiscalía General de la República (FGR) al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que pruebe su ubicación el día de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada ha generado un revuelo significativo. Según fuentes oficiales, el 25 de julio de 2024, fecha en la que “El Mayo” fue secuestrado y posteriormente entregado a autoridades estadounidenses, Rocha Moya habría estado fuera del país, de vacaciones en Estados Unidos.

Sin embargo, las declaraciones del líder del Cártel de Sinaloa, quien alegó que tenía una reunión programada con el gobernador, han levantado sospechas y han puesto al mandatario bajo el escrutinio de la opinión pública y las autoridades federales.

Rocha Moya, por su parte, ha declarado que está dispuesto a colaborar con la FGR y ha negado cualquier implicación en los hechos, calificando las acusaciones como infundadas.

Asegura que quienes afirman lo contrario están mintiendo y que él mismo no tiene problema en declarar ante la autoridad cuando sea requerido, siguiendo las indicaciones del presidente López Obrador, quien ha expresado su apoyo al gobernador en medio de estas acusaciones.

Este caso plantea serias preguntas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder público en México. 

Si el gobernador Rocha Moya está realmente libre de culpa, ¿por qué persisten las dudas sobre su ubicación y posible implicación en uno de los eventos más significativos del narcotráfico en los últimos años?

¿Qué impacto tendrá este caso en la confianza del público hacia sus líderes? 

¿Hasta qué punto la política y el crimen organizado siguen entrelazados en la sombra?